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La modernidad de la monarquía

Mireia García Sanz


El reconocimiento y la estima de los españoles hacia la monarquía padecen hoy un vaciamiento grande, y es poco probable que esta desafección cambie a gratitud colectiva durante el reinado de Felipe VI. Interpretar el descrédito de la monarquía como una expresión más del desprestigio de las instituciones es exonerarla de sus propios errores y malos usos.

Uno de sus movimientos más desconcertantes, aunque no más sonado que sus llanos escándalos, ha sido la supresión de los tradicionalismos inherentes a la tradición monárquica, como por ejemplo el abandono de su carácter católico: leyes contrarias a la doctrina evangélica han sido promulgadas con la sanción del sello real. Más allá de la supresión del yugo y las flechas y de la cruz de San Andrés en el escudo de armas de Felipe VI, que aisladamente puede responder a mero criterio decorativo, está el deterioro de un símbolo frágil, la propia monarquía, que a fuerza de someterse a “abluciones modernizadoras” comienza a hacer ilegibles sus principios. Este artículo no es un lamento ante la “impotencia” evolutiva de la monarquía actual, sino una reflexión acerca de los límites de su adaptabilidad.

Escudos de Juan Carlos I y Felipe VI

El devenir de la monarquía parlamentaria en España ha sido un camino particularmente arriscado. No nos es posible señalar todos y cada uno de los avatares con los que ha tropezado la “constitucionalización” de la realeza en nuestro país, pero conviene remontarnos a alguna de sus vulnerabilidades primitivas para considerar el presente de la institución. Una de sus dolencias originales fue el déficit de legitimidad que imponía “la anomalía franquista”: Juan Carlos I estaba desprovisto de la legitimidad dinástica cuando fue nombrado rey en 1975, puesto Don Juan aún no había cedido los derechos que recibiera de su padre Alfonso XIII, a quien, por su parte, el esfuerzo de captar la voluntad republicana del país – en sus capitales de provincia, al menos – le llevó a ofrecer su exilio en 1931.

A Juan Carlos I pronto le pesó que su única fuente de legitimidad, la de ser sucesor de Francisco Franco, tuviese una naturaleza autoritaria. Franco, monárquico, había querido instaurar una monarquía de nueva planta que valiera el título de “hacedor de reyes”. El Rey sabía que la monarquía designada y limitada de 1969 no era suficiente para sostener su legitimidad a finales del siglo XX. Además, al monarca, en su cargo heredado, le incomodaba estar sujeto a lo que Consejo del Reino y Gobierno decidiesen.

Es por ello que Juan Carlos decidió labrarse una legitimidad de ejercicio, la cual consiguió al intervenir en la explosión democrática. Juan Carlos I se erige como el “piloto del cambio” (Charles T. Powell) al llevar a cabo la arriesgada argucia de alterar unas leyes inalterables que él mismo había jurado (las Leyes Fundamentales del Estado), a través del único resquicio de legalidad que las hacían vulnerables al cambio democrático. El hecho de que el Rey impulsase la Transición, dando así respuesta a la demanda de una gran parte de la población, garantizó y amparó su legitimidad, que se vio reforzada con la instauración de la monarquía parlamentaria, el 5 de diciembre de 1978, al aprobarse por referéndum la Constitución hoy vigente. La monarquía que se perfiló entonces, la de ahora, es primordialmente símbolo de la unidad y permanencia del Estado, en cuanto superestructura jurídica de la nación española, una e indivisible.

O dicho de otra manera, en las monarquías parlamentarias el Rey “reina, pero no gobierna” (Thiers), es decir, no interviene en la dinámica de los gobiernos, cuyos presidente y ministros son los verdaderos titulares de la función ejecutiva. Todas las acciones del monarca están tasadas y necesitan refrendo, dando lugar a un rey, además de incapacitado políticamente, “irresponsable”.

Felipe VI ante las Cortes

El déficit de poder que caracteriza a los monarcas parlamentarios, es, por un lado, su garante de supervivencia (puesto que de conservarlo se volverían intolerables para la mentalidad democrática), y, por otro, su mayor inconveniente, en tanto que la monarquía deja de percibirse como indispensable. Esta falta de poder nos lleva a la pregunta formidable de si la realeza es acaso prescindible, más aún cuando ella misma se trivializa y camufla bajo la forma de una “república coronada”.

Hay quien ve en la renovación de la monarquía un estricto oportunismo, una garantía de conservación de las sinecuras y los privilegio. Y esta voluntad ha sido en ocasiones tan notoria, tan evidente y tan grosera, que no pocas veces la monarquía española ha preferido la contemporización con los enemigos y la claudicación a cambio de la conservación de sus dominios. ¿Cómo si no es posible que sobreviva una institución que se ha quemado sola con tantos escándalos? ¿Por qué ninguna ley, por nociva o discutible que haya sido, ha suscitado la reprobación del rey? “Por su imparcialidad”, me dirán. Por su imparcialidad, o por su complacencia.

A pesar de todo esto, dentro de una normalidad rota como la actual quizás no convenga exigir una República de inmediato. Pero esta exigencia llegará después de otras irremplazables, como es el remozamiento de nuestra política, que está muy lejos de ser una máquina limpia e intachable.

BORBONES

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